El Censo borra a los indígenas del mapa

Miguel Huezo Mixco

El Censo de Población 2007 ha vuelto más invisible a la población indígena de El Salvador. Las cifras oficiales establecen que la mayor parte de la población es mestiza (86%) y blanca (13%), y apenas el 1% restante se distribuye entre indígenas, negros y otros grupos. Estos resultados refuerzan una de las ideas más arraigadas y más equivocadas: que en El Salvador no hay indígenas. Diversas organizaciones y expertos habían advertido, desde el año pasado, que las preguntas de la boleta censal sobre el tema iban a dar el resultado que ahora tenemos a la vista, y que algunos califican como un proceso de extinción técnica.

Los indígenas en El Salvador han experimentado toda clase de discriminaciones. Durante y después de la colonización española se les consideraba “bestias”. Y como sus tierras comunales les permitían escapar de los mal pagados trabajos en las fincas y las obras públicas, se les tildó de “haraganes”. La Recopilación de leyes de Isidro Menéndez (1856) recoge numerosos reglamentos destinados a castigar con dureza a quienes no estaban dispuestos a trabajar en las haciendas, con especial dedicatoria a los indígenas. En términos económicos y sociales, los indígenas están entre los más pobres de los pobres de este país.

Uno de los hechos más recientes de esa larga tradición discriminatoria se expresó en el informe del Estado salvadoreño a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en 2005. En este insólito documento, el Estado asegura, entre otras cosas, que la población salvadoreña no está compuesta por grupos con características raciales diferentes y que, por lo tanto, en el país no existe discriminación por motivos de raza.
Un año más tarde, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU recomendó al Estado salvadoreño distinguir étnicamente la población de El Salvador. El Estado tuvo la gran oportunidad en la realización del Censo 2007. Para incluir en la boleta una pregunta relativa a las cuestiones étnicas, las autoridades consultaron con organizaciones indígenas y expertos en el tema. Sin embargo, al final, la pregunta se cambió por una que atendía no a las condiciones étnico-culturales sino a las características fenotípicas, las que por siglos han sido usadas para marcar una supuesta “inferioridad racial”.

Las organizaciones indígenas aseguran que a muchos entrevistados ni siquiera se les hizo la pregunta y que, como ocurió en el cantón Pushtan, de Nahuizalo, esta fue respondida por los propios empadronadores. No sólo faltó información previa sobre el contenido y objetivo del Censo, sino que se actuó con poco respeto hacia una población largamente castigada, que, en numerosos casos, se negó a contestar las preguntas.

Para hacer valer su derecho a no ser borrados del mapa, los indígenas han presentado, entre junio y noviembre de 2007, cinco recursos de amparo, con muy poca resonancia en los grandes medios de comunicación. Tres de estas peticiones ya han sido declaradas improcedentes por la Corte Suprema de Justicia.

Lo ocurrido con el Censo y los indígenas es más que un error técnico. Ahora ellos son más invisibles... menos sujetos de derechos, menos ciudadanos. Nadie quiere magnificar el tamaño de esta población. Los indígenas son una minoría, pero es precisamente por esa condición que el Estado tiene la obligación de proteger sus derechos humanos, políticos, económicos y culturales. No son privilegios, sino derechos. Y no es una obra de caridad, sino una contribución a la democracia y la estabilidad del país.

(Publicado en La Prensa Gráfica, 29 de mayo de 2008)

Foto de Carl Hartman, 1896, cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen.